Tal parece que están lejanos aquellos tiempos cuando la gente cuidaba mucho sus gestos, palabras y conductas, para no dar malos ejemplos a los niños o los jóvenes. Me temo que hoy ya no es así en ninguno de los distintos niveles de comportamiento social. Esto, a propósito de un proyecto de ley en actual trámite legislativo, que busca indultar a un grupo de personas condenadas o imputadas por diversos delitos cometidos con ocasión del mal llamado estallido social de 2019.
El proyecto citado, cuya idea de legislar ya fue aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, busca indultar a quienes, en el marco de los graves incidentes de octubre de 2019, fueron detenidos y puestos a disposición de los Tribunales de Justicia, por la responsabilidad que les cabe en los desmanes y daños a la propiedad, que todos pudimos observar en aquella ocasión. El proyecto de indulto, que más bien es una amnistía, pretende dejar sin efecto condenas judiciales ya pronunciadas, así como también detener el procesamiento de quienes actualmente están siendo juzgados, argumentándose que en ambos casos se estaría violando los derechos humanos de esas personas. Se señala que las conductas, supuestamente delictuales, deben ser analizadas desde la óptica de las manifestaciones sociales y que ese contexto los exime.
¿El proyecto, conviene a la salud institucional, política y social del país?
En primer término, y desde una perspectiva institucional, no resulta conveniente tramitar una iniciativa que busca paralizar un procedimiento judicial aún en marcha. Como tampoco resulta adecuado pretender revertir una sentencia pronunciada con estricto apego al debido proceso, que sanciona conductas claramente delictuales. ¿Qué señal se estaría dando a las policías y a los estamentos judiciales si, mediante una iniciativa como la actual, se anulan sus esfuerzos en pro de la seguridad de la población? Si se aprobara esta iniciativa legal y volviesen a ocurrir desmanes como los señalados ¿podría la policía detener a los vándalos? ¿Podrían los jueces sancionarlos?
Por otro lado, ¿cómo entender el compromiso que tanto los parlamentarios como sus partidos mantienen con la institucionalidad democrática, si se pretende anular sanciones a quienes actuaron con singular violencia, atentando y destruyendo la propiedad pública y privada? ¿No es la violencia la peor expresión del actuar antidemocrático? Si se abona, indulto mediante, estas conductas políticamente disruptivas, ¿quién habrá de creer en el discurso democrático que tanto gustan pronunciar muchos de los impulsores de la iniciativa?
Por último, ¿qué señal estamos ofreciendo a los millones de chilenos que sufrieron durante meses graves dificultades, fruto de la destrucción de estaciones del Metro, incendios de comercios, destrucción de mobiliario público, iglesias, museos y buses? ¿Se puede atentar contra todo eso, sin sufrir castigo alguno? ¿Puede saquearse supermercados, incendiar automóviles, destruir vitrinas y quemar bibliotecas, en completa impunidad e inmunidad?
La responsabilidad de nuestros legisladores no se limita a respetar las normas de tramitación (que tampoco lo están haciendo). Con su actuar, aquellos que son (o pretenden ser) líderes de opinión, están proyectando un ejemplo que, me temo, más de alguno quiera imitar. Habría que volver a los tiempos en que aquellos que se sitúan en un lugar de preeminencia, daban el ejemplo. Pero un buen ejemplo.
