¿Qué ocurrió?
Fue en marzo del año 2020 cuando se conoció que estaba circulando en grupos de WhatsApp un listado con cerca de 50 personas que se encontraban en proceso de trazabilidad sanitaria por contactos estrechos y sospechas de contagios de Covid. El listado incluía el nombre, número de carné de identidad, correo electrónico, teléfono y domicilios de estas personas.
Tras ello, un mes después, se presentó la primera de tres querellas por estos hechos, denunciando ante la justicia supuestos delitos informáticos y de violación de secreto, lo cual motivó una investigación a cargo de la fiscalía de Talca.
La acción legal reveló que el listado en cuestión se encontraba en manos de la Secretaría Regional Ministerial de Salud y que era compartido con personal de Carabineros y del Ejército, ya que estas tres instituciones coordinaban a diario fiscalizaciones a personas en aislamiento domiciliario. La querella denunciaba también que las personas afectadas habían sido objeto de recriminaciones y amenazas.
¿Qué ha ocurrido a un año de avance de esta investigación?
La abogada querellante, Bernardita Lara, explicó que en fecha reciente solicitó al fiscal jefe de Talca que proceda a formalizar a 9 imputados como presuntos responsables del delito configurado en el artículo 191 letra A del Código Penal, donde se sanciona divulgar información personal y sensible sin importar si es o no funcionario público. Según explicó, de todas ellas, una persona de profesión kinesiólogo habría reconoció que compartió el listado en cuestión a otros profesionales del área de la salud. Agregó que los restantes sospechosos son personas sin nexos con instituciones públicas.
¿La investigación estuvo a punto de terminar sin culpables?
“El fiscal jefe de Talca iba a comunicar hoy al Juzgado de Garantía su decisión de no perseverar, pero gracias a la presentación que realizamos en días previos a esta audiencia, logramos que esta investigación no quedara impune. El persecutor se desistió de su solicitud y se pedirá audiencia para las próximas semanas, ya sea para comunicar allí una formalización en virtud de los antecedentes que señalamos o derechamente el fiscal puede insistir en su decisión de no perseverar. Pero nosotros también pedimos que allí se discuta la reapertura de la investigación”, afirmó la abogada querellante.
¿Qué ocurrió con el sumario que se realizó en la Secretaría Regional Ministerial de Salud?
“Finalmente este sumario no arrojó ningún resultado. Pero tengo entendido que la persona que lo instruye, es testigo y presta declaración como tal ante el fiscal administrativo. En definitiva, es esa última funcionaria quien decide no seguir adelante y cierra esa investigación”, dijo Bernardita Lara.
¿Qué rol tuvo la seremi de Salud en ese sumario?
“Ella ordena un sumario, cuando toma conocimiento de estos antecedentes. Luego, se nombra a un fiscal administrativo del propio servicio. Tengo entendido que esta persona no tenía rango superior a la seremi de Salud, por tanto, no puede encargar ella un sumario y ser, a su vez, una testigo en ese mismo sumario. Ese sumario está absolutamente viciado”, sostuvo.
¿Usted como parte querellante tuvo acceso a ese sumario?
“Por supuesto. Está anexado a la carpeta investigativa de la fiscalía, la cual, a la fecha, se encuentra cerrada”, precisó.
¿Qué pasó con el Ejército y con Carabineros porque ellos recibían los listados de pacientes desde la Seremi de Salud?
“En su oportunidad pedimos que se citara a declarar al jefe de plazo. Así lo hizo, señalando a quien correspondía el correo electrónico que recibió el listado. Previamente, había declarado una persona de la Seremi de Salud que el listado había sido dirigido a ese correo y quien lo recibió. Si eso fue compartido y tomaron conocimiento otras personas es lo que queríamos saber. El general de Ejército dijo que el correo llegó a una plataforma que es manejado por una persona, pero que en esa oficina hay otras cuatro personas más. Lo mismo se declara desde Carabineros”, añadió.
¿El Ejército y Carabineros instruyeron sumarios por estos hechos, porque en su momento así lo prometió el entonces general de Ejército, Patrice Van de Maele?
“El Ejército y Carabineros no hicieron sumarios. Las cosas ya no se hicieron, en su oportunidad, pero tenemos nueve personas sindicadas por un delito que tiene penas que van desde los 61 a 300 días de presidio, además de multas que van desde 30 a 300 UTM. Además, son penas copulativas. Yo presenté tres querellas con seis personas afectadas”, afirmó.
¿La Intendencia presentó querella como lo anunció el entonces Intendente, Pablo Milad?
“La Intendencia presentó querella con algunas diligencias que son de mero trámite. No tenían ninguna importancia y se olvidaron de la causa. Se presentaron a la audiencia de sobreseimiento, pero no realizaron peticiones y dijeron que estarían a lo que responda el fiscal a mi solicitud”, indicó.
