¿Cuándo ocurren los hechos?
El caso se remonta al mes de noviembre de 2019, cuando una joven mujer de nacionalidad venezolana –que había cruzado por tierra Ecuador y Perú- ingresó de forma ilegal al territorio chileno, cruzando la frontera norte, para lo cual, declaró que contó con la ayuda de sujetos desconocidos que la orientaron en el camino y le cobraron 280 dólares. Tras ello, un mes después se autodenunció ante la PDI y, luego, viajó a Talca, donde vive junto a su hermana, de la misma nacionalidad, su cuñado chileno y el hijo de ambos, realizando actualmente trabajos de asesora del hogar.
¿Por qué viajó a Chile?
En su país, esta joven de 21 años alcanzó a estudiar el segundo año de la carrera de Enfermería en la Universidad Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas. Añade que vivía en un barrio altamente vulnerable, sufriendo violencia económica y delictual, ya que incluso su pareja fue secuestrada el año 2019 y tuvo que pagar rescate. Por ello, viajó a Chile buscando reunirse con su hermana y mejorar sus condiciones de vida.
¿Qué pasó después?
Ocurre que, tras la autodenuncia, la PDI comenzó a investigar los hechos y confirmó que esta joven no registra ingreso por pasos regulares hacia Chile, por lo cual, emitió un informe que llegó a manos de la Intendencia del Maule. Dicha entidad realizó una denuncia ante la fiscalía de Talca que dio lugar a una causa penal, en el Juzgado de Garantía de Talca, pero luego se desistió de esta acción legal, dando paso al sobreseimiento.
¿Cuándo se decretó la expulsión?
El 27 de enero pasado, la Intendencia del Maule emitió el decreto de expulsión de la joven venezolana, fundado en la ley de extranjería y su reglamento.
¿Qué hizo el INDH?
La joven afectada con esta medida acudió a la oficina en Talca del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se presentó un recurso de amparo en su favor. La acción legal paralizó temporalmente el procedimiento de expulsión y solicitó informe a la Intendencia del Maule. El martes de esta semana se efectuaron alegatos ante la primera sala, conformada por los ministros, Olga Morales y Rodrigo Biel, junto al abogado integrante, Abel Bravo. En la ocasión, presentaron alegatos tanto el INDH como la Intendencia del Maule.
¿Qué dice la sentencia?
El fallo de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca reconoce que la recurrente ingresó en forma ilegal al país, pero advierte que el desistimiento de la denuncia por parte de la Intendencia del Maule buscaba que no fuera indagado el supuesto delito, aunque el fundamento legal de la resolución autoriza la medida de expulsión, pero una vez cumplida la condena. Sin embargo, ello no ocurrirá en este caso porque se decretó el sobreseimiento judicial. El fallo subraya que estas decisiones de la autoridad administrativa requieren de “una carga argumentativa superior a la meramente formal”. Por ello, concluye que la resolución de expulsión “deviene en ilegal por ausencia de fundamento, motivo por el cual, la acción constitucional será acogida”.
¿El fallo fue unánime?
Los ministros, Olga Morales y Rodrigo Biel, fueron los votos de mayoría, por cuanto el abogado integrante, Abel Bravo, se manifestó por rechazar el recurso de amparo, por estimar que al disponer la expulsión de la joven venezolana, la Intendencia del Maule “ejerció sus atribuciones constitucionales y legales”. Añade que ello no está inhibido por el desistimiento de la denuncia penal. A su vez, el ministro Biel formuló una prevención en cuanto a que “concurre al voto de mayoría sin entrar a cuestionar las facultades del Intendente Regional, ya que como se ha dicho, el agravio lo constituye la omisión de una carga argumentativa superiora la meramente formal”.
¿Qué viene ahora?
La parte perdedora, es decir, la Intendencia del Maule, tiene un plazo legal de cinco días para apelar de esta sentencia que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema.
¿Existen precedentes legales?
Durante el presente año, en torno a otro caso similar también de una mujer venezolana, la misma primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca había acogido otro recurso de amparo, dejando sin efecto la expulsión de dicha persona decretada por la Gobernación Provincial de Talca. Sin embargo, la misma Gobernación apeló a la Corte Suprema donde la segunda sala penal –en fallo dividido- revocó la sentencia y dejó a firme la medida administrativa.
