El Juzgado de Garantía de Coronel decretó firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicación entre imputados en una causa que sigue remeciendo a Constitución y al país.
¿Cuál fue la decisión judicial?
El tribunal determinó aplicar medidas cautelares a tres tripulantes del barco Cobra, en el marco del denominado Caso Bruma, tras considerar que existen antecedentes suficientes en esta etapa inicial de la investigación.
¿Cuáles son las medidas cautelares?
Se estableció la firma quincenal ante Carabineros, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar, con el objetivo de resguardar el desarrollo de la investigación.
¿Quiénes son los imputados?
Los formalizados son Roberto Mancilla, capitán del Cobra; Luis Macaya, ayudante de navegación; y Jaime Sandoval, vigía, todos parte de la tripulación al momento del accidente.
¿Cuál es el cargo criminal?
La Fiscalía Regional del Biobío imputó a los tres tripulantes por siete cuasidelitos de homicidio consumado, tras la colisión entre el barco Cobra y la lancha Bruma ocurrida el 30 de marzo de 2025, que dejó siete pescadores fallecidos, todos de Constitución, en la región del Maule.
¿A qué se debió el accidente?
Según la fiscalía, el hecho se habría producido por negligencias en el cumplimiento de protocolos de seguridad en navegación marítima por parte de los mandos de la embarcación Cobra.
¿Cuál es la versión de la defensa?
La defensa de los imputados y de la empresa Blumar sostiene que no existió incumplimiento de protocolos, e incluso planteó posibles irregularidades por parte de la contraparte.
¿Qué ocurre con la empresa Blumar?
Aunque la fiscalía también formalizó a Blumar como persona jurídica por los mismos cargos, el tribunal resolvió no aplicar medidas cautelares, al considerar que no se justificaban legalmente en esta etapa.
¿Cuál fue el razonamiento del tribunal?
El juez estimó que, al tratarse de una fase inicial, se cumplen los requisitos para dictar medidas cautelares, pero descartó medidas más gravosas como el arresto domiciliario, pese a que la parte querellante argumentó un posible dolo eventual.
¿Cuál es el plazo de la investigación?
El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación, menor a los seis solicitados por la fiscalía y querellantes.
